La Universidad Autónoma de Madrid ha utilizado de forma irregular a centenares de becarios sin relación laboral alguna para cubrir puestos de trabajo estructurales que necesita para su funcionamiento diario. Así lo ha constatado la Inspección de Trabajo, que obliga a la Universidad a pagar las cuotas a la Seguridad Social de las 376 personas que se encontraban en esa situación durante 2016 y parte de 2017.
El acta de la Inspección de Trabajo, que data de comienzos de octubre y que se emite después de varias visitas a la universidad, dice que los inspectores comprobaron que el contenido de las prácticas «en nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes». El organismo, dice el acta, no puede negar que estas becas «no suponen ningún beneficio en la formación teórica recibida por los estudiantes».
Los estudiantes con estas prácticas, prosigue el acta, «eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos…». Los propios responsables de los servicios reconocían que, en muchos casos, de no contar con estos estudiantes no podrían mantenerse abiertos en el mismo horario.
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