Juezas dan un paso al frente contra la explotación de las empleadas en el hogar.-

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) denuncia la situación de explotación y abuso laboral en el que realizan su trabajo las empleadas del hogar y cuidadoras. En este sentido, su presidenta,  reconoce que, según datos del INE, el 70% de las mujeres que trabajan en el sector subsisten con la economía sumergida. De esta forma, AMJE denuncia la explotación y abuso laboral de las empleadas del hogar en nuestro país y recuerda que estas trabajadoras tienen el salario mínimo interprofesional, carecen de representación sindical y social y negocian sus propias condiciones, que son a la baja.

Según la portavoz de la Asociación, “Las trabajadoras domésticas pertenecen a un sector laboral invisible, desprotegido y carente de representación”. “Su bajo estatus socioeconómico, el estigma de una actividad considerada no productiva o infravalorada y las peculiaridades del lugar de trabajo hace que sean particularmente vulnerables a la explotación y a las malas condiciones de trabajo”, afirma. El sector del empleo doméstico en España ha sido históricamente desterrado de una gran parte de los derechos laborales, en comparación con otros colectivos similares y sigue siéndolo, a juicio de esta asociación de mujeres juezas.

Desprotección.-

AMJE recuerda que las empleadas del hogar carecen de derecho a prestaciones por desempleo, convirtiéndose así en el último colectivo desterrado de esta protección laboral. Además, para supuestos en que se presten servicios durante menos de 60 horas mensuales, se puede acordar que la responsabilidad de afiliación, alta, baja y cotización recaiga sobre la persona empleada, de modo que ella será responsable del impago de cotizaciones. El Fondo de Garantía Salarial, a diferencia del resto de los trabajadores por cuenta ajena, no hace frente al impago de salarios o indemnizaciones en los supuestos de insolvencia de la persona empleadora y la legislación consiente un disfrute fraccionado del periodo anual de vacaciones.

Las empleadas del hogar sufren la total ausencia de protección en materia de seguridad y salud laborales, a pesar de estar expuestas a riesgos musculoesqueléticos, utilización de productos químicos, entre otros. Unido a las dificultades de c control de sus condiciones de trabajo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por las peculiaridades de lugar de la prestación de servicios. La cotización máxima a la Seguridad Social para estas trabajadoras es de 862,44 euros mensuales (2017), aunque el salario real sea superior, limitando con ello la cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social, denuncia AMJE.

CUIDADORAS

La Ley de la Dependencia posibilitó que las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes, mayoritariamente mujeres, suscribieran un convenio especial con la Seguridad Social, cuyo coste iba a cargo del Estado, para evitar que su carrera de seguro no se viera truncada por destinarse al cuidado de familiares dependientes, y posibilitara su acceso a las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente. El número de personas que a inicios del 2012 tenía suscrito este convenio era de más de 170.000 personas (93% mujeres). Sin embargo, mediante el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, se dejó sin efecto dicha previsión legal y a partir de 2013 el coste de dicho convenio debía ir con cargo exclusivo de la persona cuidadora. El impacto de dicha norma ha supuesto que en la actualidad solo 9.800 personas tengan suscrito dicho convenio especial de Seguridad Social, pues la mayoría de las mujeres, que se han visto obligadas a dejar sus trabajos, carecen de los medios económicos necesarios para afrontar su pago.

Es urgente la ratificación del Convenio 189 de la OIT, así como las modificaciones normativas que comporten la equiparación de los derechos, que garanticen acabar con la economía sumergida y un trabajo de calidad de las empleadas del hogar, así como la independencia económica de las cuidadoras no profesionales. La reivindicación de AMJE se dirige tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo para que promuevan las acciones necesarias para garantizar una regulación igualitaria de las trabajadoras domésticas, eliminando las discriminaciones de las que han sido objeto, y restauren la protección a efectos de Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de las personas dependientes.

 

Fuente: AMJE y Diario16.

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