Revisión de la base reguladora de una incapacidad permanente que se revisa por agravación, actualizándose la cuantía de la pensión.
El Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife en una reciente sentencia, estima la demanda interpuesta por este despacho de abogados y actualiza la base reguladora de un trabajador que se le había agravado su situación clínica, dando lugar a la revisión de su grado de incapacidad permanente..
Contexto del Caso.
El demandante había sido reconocido con una prestación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, en virtud de proceso del año 1995. La base reguladora de esta prestación se estableció a partir de las bases de cotización correspondientes a dicho periodo anterior. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria laboral, el demandante había trabajado en diversas empresas y, en un momento dado, se le declaró la compatibilidad entre el percibo de su pensión y el trabajo que desempeñaba en otra ocupación, concretamente la ONCE.
Tras un periodo de incapacidad temporal por enfermedad, el demandante solicitó la revisión de su grado de incapacidad permanente, argumentando que su situación había cambiado y que debía reconsiderarse el grado de incapacidad hasta entonces reconocido. Esta solicitud fue atendida, y se le reconoció la incapacidad permanente absoluta, pero manteniendo la base reguladora previamente establecida en 1995.
Proceso Judicial
Ante la decisión de mantener la base reguladora original, el demandante presentó una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social, solicitando una revisión de la base reguladora de su prestación para que se actualizara con las cotizaciones posteriores a 1995, mucho más altas en su cuantía.
Durante el juicio, el demandante argumentó que, dado su trabajo posterior y las cotizaciones realizadas desde 1995 en adelante, era necesario revisar la base reguladora de su prestación. Por su parte, el INSS y la TGSS se opusieron a la demanda, solicitando su desestimación y argumentando que no había motivos suficientes para modificar la base reguladora original de 1995.
Sentencia
El Juzgado de lo Social emitió su sentencia, estimando la demanda presentada por el demandante. En su resolución, el juez destacó que el concepto de revisión del grado de incapacidad permanente implica una conexión entre la situación de invalidez inicial y la resultante de dicha revisión. Por lo tanto, se concluyó que debía mantenerse el importe de la base reguladora inicialmente reconocida, a menos que existieran razones de peso que justificaran un cambio.
El Magistrado del Juzgado de lo Social nº 9 subrayó que, dado que el demandante había trabajado y cotizado después del reconocimiento de su incapacidad permanente total, era procedente estimar su demanda. Además, se desestimaron las alegaciones de la parte demandada, ya que no se presentó el cálculo alternativo de la base reguladora requerido, ni se cuestionó el cálculo presentado por el demandante.
Finalmente, la sentencia declaró el derecho del demandante a percibir la incapacidad permanente absoluta con una base reguladora final que reflejaba adecuadamente su situación laboral, más las revaloraciones y actualizaciones correspondientes, así como los atrasos devengados desde su reconocimiento. La sentencia condenó a las demandadas a cumplir con esta declaración y a abonar la prestación correspondiente.
Implicaciones de la Sentencia
Este caso resalta la importancia de la revisión de las bases reguladoras en el contexto de las prestaciones de incapacidad permanente. La sentencia no solo reafirma el derecho del trabajador a que se le reconozcan sus aportes y cotizaciones, sino que también establece un precedente sobre la necesidad de que las entidades gestoras presenten cálculos claros y fundamentados en caso de oposición a las demandas de los beneficiarios.
La decisión del juez pone de manifiesto la relevancia de la protección de los derechos de los trabajadores en situaciones de incapacidad, así como la obligación de las instituciones de garantizar que las prestaciones se ajusten a la realidad laboral y económica de los solicitantes. Este tipo de sentencias contribuyen a fortalecer la confianza en el sistema de Seguridad Social y en la justicia laboral, asegurando que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos.
Conclusiones
La sentencia analizada en este artículo es un ejemplo claro de cómo el sistema judicial puede intervenir para garantizar que los derechos de los trabajadores sean protegidos, especialmente en situaciones de incapacidad permanente. La revisión de las bases reguladoras es un aspecto crucial que puede afectar significativamente la calidad de vida de los beneficiarios de estas prestaciones.
Además, este caso subraya la importancia de que los trabajadores estén informados sobre sus derechos y sobre los procedimientos disponibles para solicitar revisiones de sus prestaciones. La capacidad de los trabajadores para defender sus derechos ante las instituciones es fundamental para asegurar un sistema de Seguridad Social justo y equitativo.En resumen, la sentencia no solo resuelve un caso particular, sino que también establece principios que pueden ser aplicados en situaciones similares en el futuro, contribuyendo así a la evolución del derecho laboral y de la protección social en el país.
Fuente y autor: Iuslaboralistas Abogados.
