Declaración de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo

El Juzgado de lo Social núm. 8 de esta capital, ha dictado Sentencia de 27 de febrero de 2018 en asunto tramitado por IUSLABORALISTAS ABOGADOS por la cual se estima la demanda íntegramente y, en consecuencia declara que el proceso de incapacidad temporal iniciado por el actor es recaída del proceso anterior, derivado de accidente de trabajo, con la obligación de la Mutua ASEPEYO, el INSS y la TGSS de pasar por tal declaración en sus respectivas responsabilidades.
Asimismo, declara el derecho del actor a que se le abonen las prestaciones de incapacidad temporal en el mismo importe que las correspondientes a la prestación por desempleo, con las consecuencias legales e inherentes a tal reconocimiento y hasta que se produzca su total curación o agotamiento del plazo reglamentario, con la obligación de la Mutua ASEPEYO, el INSS y la TGSS de pasar por tal declaración en sus respectivas responsabilidades.

Tal y como recoge acertadamente la Juez en la Sentencia. “Los informes de los médicos del SPS son claros al afirmar que la enfermedad de hombro del actor tiene un año de evolución –por lo tanto, sitúan su inicio en la fecha del accidente- y que dicha enfermedad se manifestó a raíz del accidente in itinere sufrido en octubre de 2017, no constando ni un solo informe médico o de diagnóstico anterior a dicha fecha que refleje que el actor sufriera tales patologías. Por lo tanto, nos encontramos con una enfermedad cuyos efectos y síntomas se desencadenaron justamente a raíz del accidente in itinere sufrido.”

El trabajador en excedencia voluntaria no tiene derecho a indemnización si la empresa desaparece

​EL trabajador venía disfrutando de excedencia voluntaria desde agosto de 2010, y con fecha límite el 1-12-2013. El 1-9-2013 solicita el reingreso en la empresa, que le indica que no puede ser readmitido ya que la empresa había desaparecido y dada de baja en la TGSS.

Plantea demanda por despido solicitando la nulidad del despido y la correspondiente indemnización al considerar que el contrato debió haberse extinguido a través del procedimiento establecido para las causas económicas. La demanda se desestima tanto en la instancia como en suplicación , ya que tanto el juzgado de lo social como el TSJ entienden que la empresa no puede ofrecer un puesto de trabajo por cuanto se está inactiva desde el año anterior a la solicitud y que el trabajador tampoco tiene derecho a obtener la indemnización al no existir este derecho cuando la inexistencia de vacante se debe a la desaparición de la empresa. El trabajador interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión que se debate se refiere a la posibilidad de acceso a la declaración de despido nulo por el excedente voluntario cuando al intentar su reingreso éste no resulta posible por haber cesado la empresa en su actividad y cuáles pueden ser las consecuencias de que la empresa no haya acudido al procedimiento o normas que regulan la extinción de los contratos por causas económicas, técnicas o de producción.

Cuando un trabajador se encuentra en situación de excedencia voluntaria común el trabajador conserva sólo un derecho preferente al reingreso condicionado a la existencia de las vacantes que hubiera o se produjeran en la empresa, por ello el TS, en su sentencia de 19 de diciembre de 2018, califica el derecho al puesto de trabajo del excedente voluntario común como un derecho potencial o expectante y no como un derecho ejercitable en el acto o momento en que expresa su voluntad de reingreso. Además, considera que el interés en la excedencia voluntaria es el personal o profesional del trabajador excedente voluntario, por lo que no considera razonable conservar para él un puesto de trabajo, a costa de la estabilidad en el empleo del trabajador que lo sustituya y del propio interés de la empresa.

Como consecuencia de lo anterior, el TS considera que la finalidad de​ la indemnización del despido es la compensación al trabajador por el daño derivado de la pérdida de su puesto de trabajo y de los medios de vida que su desempeño proporciona al trabajador. Daño se produce cuando el trabajador presta servicios de manera efectiva, o cuando conserva el derecho a reserva de puesto, pero no existe o cuando el trabajador es sólo conserva un derecho de reingreso expectante en el que la ocupación del puesto de trabajo está condicionada a la existencia de vacantes.

Es decir, no es lo mismo la pérdida de un puesto de trabajo que se está desempeñando y que constituye normalmente el medio de vida del trabajador, que el desvanecimiento del derecho expectante a ocupar una vacante en la empresa en la que se prestaron servicios, y de la que el trabajador se apartó, en el caso típico para el desempeño de otro puesto de trabajo o de otra actividad profesional.

Por ello, se desestima el recurso para la unificación de doctrina planteada, y se confirma la sentencia dictada por el tribunal de instancia.

Sobre el cómputo de fechas en despido por causas objetivas por absentismo

El Tribunal Supremo en sentencia de 4 de febrero de 2019, acaba de unificar doctrina en torno al cómputo de las faltas en los despidos objetivos por absentismo (art. 52.d del ET). En su sentencia, vuelve a dejar muy claro que los cuatro meses han de computarse de fecha a fecha, no por meses naturales. Es evidente, razona el TS, que el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores está tomando en consideración períodos integrados por dos o cuatro meses y que a ellos se refiere el porcentaje.

De esa doctrina general “no cabe desprender en absoluto que en el caso del cómputo de las ausencias justificadas que supongan el 25% de las jornadas hábiles, éstas se puedan proyectar sobre un tiempo inferior a los cuatro meses previstos en la norma, sino más bien lo contrario”.

Los cuatro meses discontinuos no pueden computarse por meses naturales, sino que, como ya determinó el TS en su sentencia de 9 de diciembre de 2010, deben computarse de fecha a fecha.Y esto es así, razona la sentencia, porque el despido por faltas de asistencia al trabajo, aunque estén justificadas, tiene por objeto luchar contra el absentismo, cuya influencia negativa en la marcha normal de la relación laboral es evidente, máxime si el general de la empresa rebasa el 5 %, situación cuya corrección exige de medidas al efecto, aunque sean traumáticas.

Ello determina, concluye el TS, que la solución que hayamos de adoptar sea la más acorde con esa finalidad. Pues bien, aceptando el criterio de los meses naturales … determinados días de falta de asistencia al trabajo pueden quedar fuera del cómputo … cuando la falta de asistencia al trabajo se produce en los días finales de un mes y primeros del siguiente, en cuyo caso estos últimos no se computarían. Tal conclusión sería abiertamente contraria a la finalidad de la norma.

Se declara judicialmente que Javier Reverte puede simultanear el cobro de sus derechos de autor y su jubilación

Se ha dictado Sentencia por el juzgado de lo Social número 14 de Madrid por medio de la cual se ha declarado compatible que cobre los beneficios de sus derechos de autor y la pensión de jubilación como trabajador retirado tras más de cuarenta años en el oficio.

Entiende este juzgado que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez”, declara el magistrado Arturo Rodríguez Lobato. Así que procede estimar íntegramente la demanda y acuerda que se le devuelva el dinero al escritor.

Los abogados de la Seguridad Social alegaron en el juicio que el autor realiza trabajo por cuenta propia y que eso es incompatible con el cobro de su pensión de jubilación. Pero el juez apunta que para considerarlo trabajo por cuenta propia debería demostrarse la realización de alguna obra artística, intelectual, científica, etcétera, y “nada de esto se ha acreditado en el presente procedimiento”. Reverte tiene suscritos contratos de cesión de derechos de algunos de sus libros, desde 2011 hasta la actualidad.

El juez indica que Reverte no percibe ingresos por la acción de pensar y escribir una obra literaria, sino que son royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad es de él. Por eso considera que ceder temporalmente un derecho temporal patrimonial “no constituye una actividad económica”. Asegura que la demanda no ha aportado pruebas que demuestren que Reverte –como cualquier autor– perciba ingresos por la realización de ningún libro concreto, “solamente consta el ingreso por cesión de derechos”.

https://elpais.com/cultura/2019/02/26/actualidad/1551185248_262239.html

Feliz domingo

Celebramos este domingo disfrutando nuevamente de la preciosa actuación de Bradley Cooper y Lady Gaga en la reciente gala de los Oscar de 2019.

Toca disfrutar de los Carnavales

No podíamos olvidarnos de nuestra fiesta más representativa…¡¡disfruten los Carnavales!! Aprovechamos para recordarles que como es habitual en nuestro despacho no abriremos al público el 04 de marzo, lunes de carnaval. ¡Disculpen las molestas!

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Ilicitud de prueba videográfica obtenida por cámara instalada en un autobús para despedir al trabajador

En la Sentencia del TSJ de Galicia de 24 de julio de 2018, nuevamente analizando la licitud o no del uso del tratamiento de imágenes, se declara la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales de un conductor de autobús que es cesado tras comprobar la empresa, a través de las 3 cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, que de forma reiterada (en un periodo de casi 2 meses), cometió diversas irregularidades en el cobro a los viajeros, llevando a cabo, además, durante el periodo de descanso en cabecera de línea, conductas indecorosas, como fumar, orinar o tener relaciones sexuales con una pasajera.

En el supuesto objeto de controversia, la acreditación de los hechos imputados se consiguió a partir del tratamiento conjunto de las imágenes, el registro de la hora en que se tomaron y la puesta en relación de los datos que proporcionaban, obviándose, por completo, el derecho del trabajador a ser informado, complemento indispensable del derecho fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la CE. Como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 29/2013, la información previa a los trabajadores afectados por ese control debía concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iban a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. Por ello, aún cuando la instalación de las 3 cámaras era conocida por los trabajadores y estaban instaladas las pegatinas que hacían saber que en los autobuses se estaba en espacios video vigilados, al no existir la información antes señalada, concurre la denunciada infracción del derecho fundamental a la intimidad, ya que no existe cumplimiento del deber de informar por parte del empresario, por lo que las imágenes así obtenidas son pruebas que se han logrado, directa o indirectamente, mediante procedimientos que suponen la violación de derechos fundamentales o libertades públicas, es decir, han sido ilícitamente obtenidas.

(STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 24 de julio de 2018, rec. núm. 993/2018)

Reconocimiento de pensión de jubilación y periodos trabajados

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de esta capital, de fecha 06 de febrero de 2019, estima la demanda presentada por Iuslaboralistas Abogados y reconoce a la actora la pensión de jubilación que fue inicialmente denegada por la Seguridad Social, argumentando en su resolución que no había cotizado al menos dos años dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho (carencia específica).

En este sentido, se probó por esta parte que la actora había permanecido inscrita de forma ininterrumpida como demandante de empleo desde el año 2011 al 2017, y además que la empresa para la que había prestado servicios con anterioridad había cursado su baja en la Seguridad Social, pese a que permaneció prestando servicios efectivos en la misma dos años más.

La Sentencia estima íntegramente la demanda tanto en lo relativo a la prestación de servicios acreditada, como que se cumplían los requisitos de la carencia específica confirme dispone la doctrina. Recuerda la citada Resolución que “Esta doctrina se concreta en los siguientes extremos: 1) cuando se acredita una voluntad de acceder al trabajo puesta de manifiesto por la inscripción en la Oficina de Empleo, ese periodo de ausencia de cotización debe configurarse como un paréntesis; 2) este paréntesis obliga a retrotraer el momento a partir del cual se ha de computar el periodo de carencia específica a la fecha en la que efectivamente, cesó el trabajo efectivo y cotizado”.

 Por otro lado, con relación a la cuestión de si procede abrir un sólo paréntesis o cabe la apertura de varios conviene señalar que nuestra doctrina no se ha mostrado contraria a esta solución y ha quitado importancia a las interrupciones en la inscripción como demandante de empleo del interesado cuando las mismas no son reveladoras de la “voluntad de apartarse del mundo laboral” cual se dijo antes. En estos casos, se ha abierto un sólo paréntesis haciendo caso omiso de las interrupciones en la inscripción en la oficina de empleo ( S.TS. 12-7-04(Rec. 4636/03), sobre todo cuando la breve interrupción se debe a la falta de renovación de la demanda de empleo. Pero también se ha optado por la apertura de varios paréntesis cuando se han alternado periodos de actividad laboral con otros de inactividad con inscripción en la oficina de empleo, solución viable porque lo importante es que se acredite la voluntad del interesado de permanecer integrado en el sistema, cual se señaló en nuestras sentencias de 7 de mayo de 1998 (Rec. 2513/1997) y19 de julio de 2001 (Rec. 4384/2000) dictadas en supuestos de pensiones de viudedad. Esta solución la seguimos considerando correcta porque el artículo 138-2 de la L.G.S.S. no la excluye y porque su exclusión sería contraria al espíritu que informa la norma. En efecto, si la norma lo que persigue es que los incluidos en su ámbito de aplicación trabajen y coticen al sistema, así como que los incluidos en él no queden desamparados en las situaciones de necesidad, es claro que debe permitir la apertura de varios paréntesis, por cuando de lo contrario incentivaría la inactividad, el paro y la falta de cotización, porque nadie aceptaría un trabajo de corta duración o de duración intermedia, por el riesgo de perder el beneficio de la apertura de un único paréntesis. Este último argumento sirve, igualmente, para rechazar la alegación de que el beneficio cuestionado no se puede aplicar a quienes se encuentran en situación de alta y cotizando, porque ¿quien aceptara, cuando tenga la salud delicada o edad avanzada, un empleo o buscará un trabajo o se dará de alta como autónomo si con ello pierde el beneficio estudiado?. Además, la solución que propone la recurrente discrimina negativamente a quien acepta un trabajo, aunque de corta duración, y alterna periodos de actividad con otros de paro con relación a quien siempre permanece inactivo, sin que se ofrezca justificación objetiva de esa diferencia, porque con la doctrina del paréntesis “lo que se pretende es excluir del periodo de cómputo los periodos en que la inactividad no es imputable al interesado, objetivo que se da en los dos supuestos, lo que obliga a dar la misma solución”.

Se reconoce así la pensión de jubilación vitalicia con efectos desde la fecha de solicitud de la misma.

Discriminación salarial por sexo: la justicia obliga a una empresa a equiparar los salarios de mozos y envasadoras

Envasadoras y mozos pertenecen al mismo grupo profesional, reciben la misma formación, se les pide la misma titulación para el puesto y sus jornadas, horarios y descansos son idénticos, según una investigación que llevó a cabo la Inspección de Trabajo. Las funciones son similares aunque “las empleadas asumen más carga física y psicológica”, precisan desde el sindicato CSIF, promotor de la demanda.

El comité de empresa, formado por 13 miembros de los cuales nueve pertenecen a CCOO y cuatro a CSIF, denunció el convenio por las diferencias de salario y realizó un análisis sobre la retribución de la plantilla en el que se concluyó que existe desequilibrio salarial “ya que los tramos salariales más bajos están representados por mayoría de mujeres y las bandas salariales más elevadas por hombres”, explica una envasadora de la compañía.

El tribunal recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23.2, fija “el derecho de toda persona, sin discriminación alguna a un igual salario por trabajo igual”. A este principio se suma la Carta Social Europea (artículo 4.3), la Constitución Española (artículo 14) y el Estatuto de los Trabajadores –norma suprema por la que se rige el derecho laboral en España y que además anula las cláusulas de los convenios, pactos y decisiones unilaterales del empresario “que den lugar en el empleo o retribuciones a situaciones de discriminación directa o indirecta”.

El auto también se basa en una sentencia de Tribunal Constitucional, que estableció en 1991 que “un trabajo de igual valor debe corresponder a una retribución igual en todos los supuestos, aunque se trate de trabajos con distinta denominación”.

Además el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara en otra sentencia de 1982 que para que un sistema de evaluación de categorías profesionales no sea discriminatorio “debe utilizar los mismos criterios de evaluación para hombres y mujeres y se deben tener en cuenta las cualidades de ambos sexos”.

“Hombres y mujeres participan en la limpieza del almacén, intervienen en la línea de envasado, realizan prácticamente las mismas funciones, paletizan los productos, lo que supone, que las mujeres asumen más funciones que los hombres”, resume la sentencia y afirma que “ese esfuerzo mayor, no se ve recompensado a efectos económicos, sino que se remunera por debajo del salario abonado a los hombres”.

https://www.eldiario.es/economia/salarial_0_871762973.html

 

Nueva mejora de la pensión de viudedad

La Seguridad Social ha incrementado de oficio el porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación de viudedad del 56% al 60% a los beneficiarios de esta prestación con 65 años o más y sin ingresos por encima de los 7.569 euros al año. La subida, de la que se van a beneficiar 414.050 personas de las cuales 409.429 son mujeres, se incorporó ya en la nómina del mes de enero de 2019. Sigue leyendo