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Enfermedad profesional de limpiadora: estimación aún cuando tal profesión no se encuentre recogida expresamente en la lista de enfermedades profesionales.

El Juzgado de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 11 de enero de 2018, estima la demanda interpuesta por este Despacho Abogados solicitando la declaración de contingencia de enfermedad profesional de una trabajadora de la limpieza afectada de síndrome de túnel carpiano.

La cuestión controvertida se centra en dilucidar si el síndrome del túnel carpiano
bilateral que aqueja al demandante y que determinó su baja médica en fecha 13-10-2014
constituyó o no enfermedad profesional.

Según la Magistrada de Instancia , de la prueba practicada – informes médicos y de la Inspección de Trabajo – se evidenció que la actora en el desempeño de sus tareas de fregado, desempolvado, barrido, limpiezas de cristales, puertas, ventanas, exigen, en su ejecución, la
realización de movimientos de extensión y flexión de la muñeca forzados, continuados y
sostenidos, para el manejo de escobas, fregonas, bayetas y demás útiles de limpieza, con la
sobrecarga de muñeca que ello implica, y con la intensidad y repetitividad necesarias para
generar la patología de STC. Todo lo cual determina que las dolencias de la demandante se
consideren derivadas de enfermedad profesional, por cuanto que las mismas están recogidas
en la lista de enfermedades profesionales, sin que obste a dicha conclusión que no se recoja
expresamente la profesión de limpiadora entre las actividades capaces de producir la
enfermedad profesional como las que se relacionan en el Real Decreto 1299/2006 ya que tal
lista ha de considerarse abierta como se deduce del adverbio “como” en interpretación de la
jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por lo que no excluye otras profesiones
con análogos requerimientos, puesto que lo determinante es la realización de los
requerimientos físicos que dan lugar a la dolencia padecida por la demandante y que está
incluida en la lista de enfermedades profesionales.

En suma, los procesos de IT iniciados por la actora el 28.02.2013 y el 13.06.2016 tienen su
origen en enfermedad profesional.

 

Cuando se cumplen 6 años de la reforma laboral, el TC anula una sanción a un profesor que anunció que participaría en la huelga

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor de Educación Primaria, funcionario de carrera, que fue sancionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Castilla-La Mancha a un mes de suspensión de empleo y sueldo por entregar a sus alumnos una carta, dirigida a los padres, en la que anunciaba que participaría en la huelga convocada para el día 29 de febrero de 2012; y por exponer en clase los motivos por los que, en su opinión, debía secundarse el paro. Todo ello lo hizo durante el horario lectivo, ocupando en total unos diez minutos de la clase. El Tribunal considera que la conducta del recurrente no es constitutiva de la falta leve por la que fue sancionado, consistente en “incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario (…)”, y anula tanto la resolución administrativa como la sentencia que confirmó la sanción porque vulneran el principio de legalidad penal (art. 25.1). Ha sido ponente el Magistrado Alfredo Montoya.

Según la doctrina constitucional, el principio de legalidad penal supone “que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente, en el momento de la comisión del hecho”. Se produce la vulneración de este derecho cuando la conducta enjuiciada “es subsumida de un modo irrazonable en el tipo que resulta aplicado”.

La doctrina constitucional también es reiterada respecto a la “exigencia de una prueba de cargo suficiente” como garantía del respeto a la presunción de inocencia.

En este caso concreto, dos son las conductas en las que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Castilla-La Mancha basa la sanción, impuesta al recurrente por utilizar bienes públicos para usos particulares y por incumplir el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones como profesor. La primera de esas conductas consistió en emplear aproximadamente diez minutos de clase y los canales de comunicación con los padres de los alumnos para difundir sus opiniones personales.

La sentencia sostiene en este punto que la actuación del profesor, “que sólo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida, con la misma finalidad, a sus padres, no tiene encaje en el tipo sancionador”, dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello.

La segunda de las conductas sancionadas consistió en valerse de su posición como empleado público docente y de los medios a su disposición para “expresar su opinión personal sobre la huelga convocada, resultando su actuación parcial y carente de la objetividad y neutralidad” que le eran exigibles.

La sentencia afirma al respecto que la comunicación, cuyos destinatarios eran los padres y no los alumnos, no vulneró el deber de neutralidad del recurrente “al no haberse acreditado en el expediente” que dicha carta “posea un contenido informativo que se pueda entender vulnerador del deber de neutralidad funcionarial”. Los alumnos que prestaron su testimonio durante la instrucción del expediente respondieron que el profesor “dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que explicaba” en la nota dirigida a los padres y porque “iba a haber recortes en el presupuesto”.

El Tribunal concluye que el único hecho acreditado consistió en que el demandante de amparo “informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla”. Parece lógico pensar, añade, que al ofrecer esa explicación debió “reflejar su posición favorable” al paro; pero esa circunstancia no denota, por sí sola, un afán de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado. Por lo tanto, no ha quedado demostrado que el recurrente cometiera la infracción consistente en el incumplimiento de sus deberes.

Al no encajar los hechos probados en la falta disciplinaria por la que se impuso la sanción, la sentencia anula tanto las Resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Castilla-La Mancha como la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara que las confirmó por vulnerar el principio de legalidad del art. 25.1 de la Constitución.

Madrid, 12 de febrero de 2018

NOTA INFORMATIVA Nº 14/2018
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa

Feliz domingo

Y otro año más nos despedimos del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife, seguramente nuestra fiesta más querida y popular. ¡Disfruten del domingo que volvemos a la rutina!

La televisión pública alemana desnuda el ‘paraíso’ de Canarias

Bajo el título «Die Kanaren: Inseln der Arbeitslosen» («Canarias: islas de los desempleados») y con una duración de 43 minutos, el reportaje arranca desglosando los más significativos enclaves y paisajes del Archipiélago, además de las bondades climáticas y las bellezas naturales, antes de desembocar en un más que duro análisis del sector turístico.

Empleo de baja formación y calidad, pobreza, precariedad laboral, etc. Un documento jalonado de entrevistas y testimonios con empleados, trabajadores e incluso concejales, realizado entre Tenerife, Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria.

 

Prestaciones por desempleo y baja voluntaria

Es sobradamente conocido que la baja voluntaria en el trabajo impide el acceso a prestaciones por desempleo, por cuanto la pérdida de empleo no ha sido involuntaria.

Pero, en estos casos, ¿cuándo se podría pedir o reactivar una prestación por desempleo?

La normativa no establece un tiempo mínimo de permanencia en otro empleo para tener acceso a las prestaciones, pero se puede y de hecho se hace por el SEPE un análisis individualizado de las circunstancias de la nueva contratación y cese por si se puede apreciar fraude en la obtención de las citadas prestaciones por desempleo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el Servicio Público de Empleo podrá considerar que el contrato se ha celebrado con intención de defraudar si existen indicios suficientes, pero nunca de forma arbitraria o por la mera existencia de sucesión de contratos.

Podemos considerar como criterio general que, para que el trabajador pueda solicitar el paro tras una baja voluntaria, debería haber sido contratado posteriormente al menos durante 3 meses.

Sector de contact center. Derecho a la intimidad y a la propia imagen

Según declara la Sentencia de la Audiencia Nacional de  15 de junio de 2017, núm. 87/2017, es nula la práctica empresarial consistente en incorporar a los contratos de trabajo la cláusula que establece que «el trabajador consiente expresamente, conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, RD 1720/2007 de Protección de datos de carácter per­sonal y Ley Orgánica 3/1985, de 29 de mayo, a la cesión de su imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, siempre con el fin de desarrollar una actividad propia de telemarkoting y cumplir, por tanto, con el objeto del presente contrato y los requerimientos del contrato mercantil del cliente».

Y ello aunque la empresa esté legitimada para destinar a sus trabajadores a servicios de videollamada (cuando el servicio pactado con el cliente lo requiera, tal y como se recoge en el ámbito funcional del convenio), en los que es inevitable la cesión de la imagen del trabajador, ya que si el derecho fundamental a la propia imagen no puede ser preterido absolutamente en la relación de trabajo, su ejercicio debe modularse, de manera que sus posibles limitaciones, para viabilizar el cumplimiento del contrato, tienen que entrañar el menor sacrificio posible, lo que implica que esas limitaciones deben ajustarse de modo razonable y proporcionado a los fines propuestos.

Por ello, cuando la empresa destine a sus trabajadores a la realización de servicios de videollamada, porque lo requiera así el con­trato mercantil con el cliente, deberá solicitar, en ese momento, el consentimiento del trabajador, que deberá ajustarse de manera precisa y clara a los requerimientos de cada contrato, sin que sea admisible la utilización de cláusulas tipo de contenido genérico que no vayan asociadas a servicios concretos, requeridos por contratos específicos, por cuan­to dicha generalización deja sin contenido real el derecho a la propia imagen de los trabajadores, que queda anulado en la práctica, aunque se diera consentimiento genérico al formalizar el contrato.

El consentimien­to a la disposición de un derecho fundamental debe asegurar que no concurre ningún tipo de vicio en su producción, lo que es imposible al comienzo de la relación laboral, en la que los trabajadores están en una manifiesta situación de desigualdad con sus empleadores, sin que ese desequilibrio se subsane porque la empresa comunique los contratos mercantiles a la representación legal de los trabajadores, puesto que ya ha obtenido previamente el «consentimiento» de los trabajadores, lo cual deja sin espacio de juego a la actividad sindical.

Josefina Samper, una referente de la historia de las lucha por los derechos de los trabajadores

Hoy (ayer) amanecimos con la muerte de Josefina Samper, la mujer de sonrisa dulce, voz cariñosa, puño firme, discurso contundente, principios inquebrantables y comunista hasta la médula desde los 12 años en los que, desde el exilio de su familia en Orán, se afilió a las Juventudes Unificadas Socialistas. A los 14 se unió al Partido Comunista de España. Organizaba la resistencia y ayudaba a los presos políticos que iban llegando a la ciudad argelina. Uno de ellos fue Marcelino, que se enamoró inmediatamente de aquella lúcida luchadora. Josefina siempre dijo que sólo podría unir su vida a alguien que compartiera sus principios. Y así fue, desde entonces caminaron codo a codo escribiendo la historia de la lucha por la democracia y los derechos de la clase trabajadora.

http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7774

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Hoy les proponemos otra forma de vivir este martes de carnaval: disfrutar de la maravillosa naturaleza que nos rodea con ” The Mountain”, obra del fotógrafo y cineasta de naturaleza noruego Terje Sorgjerd

Carnaval 2018

Este despacho de abogados permanecerá cerrado con motivo de la celebración del Carnaval, el lunes 12 y el martes 13 de febrero. 

Feliz Carnaval.

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