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15.000 € de indemnización, más intereses

El Juzgado de lo Social 8 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado Sentencia en asunto tramitado por Iuslaboralistas Abogados en materia de reclamación de cantidad en concepto de capital por haber sido declarada en situación de incapacidad permanente total de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del convenio colectivo de hosteleriá, y estima la demanda interpuesta y condena a MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA a que abone a la actora la cantidad de 15.000 euros; más los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el 6 de junio de 2017.

La entidad aseguradora sostenía que la actora se encontraba fuera de la cobertura de la póliza por derivar la declaración de incapacidad de una enfermedad anterior a la fecha de
contratación de la póliza. Ello no fue así. El dictamen del EVI recoge dentro del cuadro clínico residual de la actora secuelas postrauma cuyo origen es de 1981; pero también otras enfermedades que no tienen origen en ese evento traumático: pseudoartrosis y agravación de patología degenerativa. Por lo tanto, no puede escudarse la entidad aseguradora en lo consignado en el informe para dar por hecho que la incapacidad de la actora tiene origen en una enfermedad que data de 1981.

Establece la Sentencia: “En consecuencia, quedando acreditada la existencia de un seguro que cubría el riesgo reclamado por la parte actora en la fecha del hecho causante, ha de declararse la responsabilidad directa de MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA en el pago de la cantidad reclamada por la actora.

Feliz domingo!

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Ayuntamiento abonaba a la trabajadora un salario inferior al que realmente le correspondía!

El Juzgado de lo Social nº 5 ha dictado Sentencia de fecha 26 de octubre de 2018, por la cual se estima la demanda formulada por este Despacho de Abogados en representación de los derechos de su cliente contra el AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE, en el que se declara el derecho de la demandante a que se le abonen sus retribuciones conforme a su categoría de Técnico de Grado Medio, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonarle la cantidad de 4.015,12 euros en concepto de diferencias salariales desde el mes de mayo de 2017 a abril de 2018.

Según se fundamenta en la Sentencia: “Consta acreditado de la documental aportada por ambas partes y del informe de Inspección, que la demandante ostenta la categoría profesional de Técnico de Grado Medio y realiza las funciones propias de la categoría que ostenta, estando encuadrada en la Seguridad Social en el grupo de cotización 2 y que se le abona un salario inferior al que le corresponde de acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Sin que la parte demandada haya ofrecido razón alguna para abonar a la trabajadora un salario inferior al que legalmente le corresponde”

Sucesión de contratas: se hereda plantilla y deuda salarial

El TS, cambiando su criterio jurisprudencial en aplicación de la Sentencia del TJUE de 11 julio de 2018, establece que hay transmisión de empresa encuadrable en el art. 44 ET si la sucesión de contratas va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las empresas saliente y entrante.

La sentencia recurrida considera que la aplicación de lo previsto en el convenio colectivo comporta una sucesión de plantilla subsumible en el art. 44 ET, por lo que la nueva contratista debe responder solidariamente del pago de las deudas salariales contraídas por su antecesora. La sentencia de contraste considera que no existe posible subrogación con los efectos comunes porque todo lo acaecido deriva de las previsiones del convenio colectivo.

La Sala, en su sentencia de 27 de septiembre de 2018, considera que el hecho de que la subrogación de plantilla (la asunción de una parte cuantitativa o cualitativamente relevante) sea consecuencia de lo previsto en el convenio colectivo no afecta al modo en que deba resolverse el problema. Esto es, que la empresa entrante se subrogue en los contratos de trabajo de una parte significativa del personal adscrito por mandato del convenio no afecta al hecho de que la transmisión pueda referirse a una entidad económica.

El concepto de “entidad económica”, de este modo, es el único que puede erigirse en definidor de la existencia de una transmisión empresarial con efectos subrogatorios. Y la determinación de si eso sucede ha de hacerse ponderando el conjunto de circunstancias concurrentes en cada caso. En sectores donde la mano de obra constituye el elemento principal de la actividad empresarial es posible que el conjunto de personas adscritas a la actividad equivalga a la unidad económica cuyo cambio de titularidad activa la subrogación.

En el presente caso se discute al hilo de las consecuencias del cambio en una contrata de limpieza. Puesto que nada se ha afirmado respecto de la transmisión de infraestructura relevante para llevar a cabo los servicios concertados (máquinas barredoras o limpiadoras, plataformas elevadoras, vehículos autopropulsados, cisternas desinfectantes, etc.) se ha de entender que lo esencial del caso, como suele suceder en el sector, radica en la mano de obra puesta en juego para desarrollar las tareas de limpieza.

Además, aunque en la sentencia recurrida no afirma que la empresa recurrente haya asumido una parte relevante de la plantilla, tampoco ha acreditado lo contrario, como le correspondía haber hecho si considerase que es lo acaecido. Por tanto, al igual que sucede en el supuesto de la citada STJUE 11 julio 2018 (Somoza Hermo), se ha de partir de que el empleador entrante asume una parte esencial (en términos de número y competencias) del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de la contrata.

Por tanto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia del TSJ Castilla y León

Fuente: https://elderecho.com/sucesion-contratas-se-hereda-plantilla-deuda-salarial

Vulneración de los derechos fundamentales del trabajador (Derecho al honor)

La trabajadora que prestó servicios para la empresa Servicios ferroviarios de Mallorca hasta su despido de 14-11-2010 que fue declarado improcedente por el juzgado de lo social, y confirmado por el TSJ en suplicación. Previamente, entre febrero y marzo de 2009, los responsables de la empresa habían despedido a la trabajadora acusándola públicamente de haber firmado certificaciones de una obras que no se habían efectuado; y aunque su despido fue declarado nulo y la trabajadora readmitida, las acusaciones no fueron desmentidas.

Tras la confirmación de la improcedencia del segundo despido (11-10-2011), y al considerar que en las acusaciones púbicas del primer despido se había producido una vulneración de su derecho al honor, la trabajadora interpuso demanda en reclamación de indemnización por daños y perjuicios, que se desestimó tanto en la instancia como en suplicación. El TSJ consideró que la acción estaba prescrita ya que el plazo para interponer esta reclamación era el general de 1 año y no el de caducidad de 4 años. Disconforme, la trabajadora interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS.

La cuestión que se plantea en el recurso consiste en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable al ejercicio de la acción reclamando una indemnización de daños y perjuicios por violación de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor, en el desempeño de una actividad laboral al servicio de la empresa.

Recuerda la Sala en su sentencia de julio de 2018 que esta cuestión ya ha sido resuelta anteriormente, estableciendo que en el ejercicio de las acciones que nazcan con ocasión del contrato de trabajo se aplica el plazo de prescripción de un año; ya que, aunque los derechos fundamentales sean permanentes e imprescriptibles, esto es compatible con que el ordenamiento limite temporalmente la vida de las acciones concretas que derivan de las lesiones producidas en este tipo de derechos.

Considera que, aunque el plazo de prescripción de un año está establecido, en principio, para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de trabajo debe extenderse también a todo supuesto de reclamación de daños por violación de derechos fundamentales. Así en la regulación del proceso especial de tutela se establece que la demanda debe interponerse en el plazo general de prescripción o caducidad, lo que es indicativo de la posibilidad de que el derecho prescriba por aplicación de los plazos generales.

Fuente: https://elderecho.com/vulneracion-los-derechos-fundamentales-del-trabajador

Subsidio extraordinario por desempleo

Al subsidio extraordinario por desempleo, regulado en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), podrán acceder las personas en desempleo total que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Hayan extinguido en último lugar por agotamiento cualquiera de los subsidios por desempleo previsto en el artículo 274 de TRLGSS a partir del 05/07/2018 y quienes lo hayan agotado entre el 01/03/2018 y el 04/07/2018.

b) Sean personas paradas de larga duración que hayan agotado prestaciones por desempleo, PREPARA, o RAI y estuvieran inscritas como demandantes de empleo el 01/05/2018. (Se considera persona parada de larga duración aquella que haya permanecido inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario).

Requisitos generales:

  • Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
  • No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (Cuantías para este año) y acreditar responsabilidades familiares.
  • Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber trabajado tras el agotamiento del último derecho.
  • No haber percibido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE).
  • En la fecha de su solicitud, no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o no tener suspendido su contrato de trabajo.
  • No haber sido beneficiario con anterioridad del subsidio extraordinario por desempleo.

Requisitos específicos del colectivo que ha agotado el subsidio por desempleo a partir del 01/03/2018

Haber permanecido inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el plazo de espera de un mes desde el agotamiento del subsidio anterior, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y acreditar que durante ese plazo se han realizado acciones de búsqueda activa de empleo.

No se encuentran incluidas en este colectivo las personas que hayan extinguido por agotamiento las prestaciones siguientes:

  • El subsidio para personas trabajadoras mayores de 55 años por haber alcanzado la edad que les permita acceder a la pensión contributiva de jubilación.
  • El subsidio por desempleo o la renta agraria, en favor de las personas trabajadoras eventuales incluidas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
  • Los programas de renta activa de inserción (RAI) o los programas de inserción PRODI o PREPARA.

Requisitos específicos del colectivo de parados de larga duración

a) Haber extinguido por agotamiento alguna de las siguientes prestaciones:

La prestación por desempleo o el subsidio por desempleo
Las ayudas económicas vinculadas al:
Programa de renta activa de inserción (RAI)
Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI)
Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA).

b) Haber permanecido inscrito o inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario.

c) Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo a fecha 1 de mayo de 2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que la persona trabajadora, aun no estando inscrita como demandante de empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.

d) Acreditar que durante el mes anterior a la fecha de la solicitud ha realizado acciones de búsqueda activa de empleo.

e) Haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido.

Feliz domingo!

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Sucesión de contratas

Declarada por el TJUE que la sucesión de plantillas es una sucesión empresarial en el sentido del derecho comunitario, el TSJ Galicia considera que, cuando se transmite entidad económica, el art. 44 ET es una norma de derecho necesario. Esto supone que el convenio colectivo no puede fijar un régimen más desfavorable. Por ello, la limitación de la responsabilidad del cesionario por las deudas anteriores es ilícita.

El trabajador, que prestaba servicios como vigilante de seguridad en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, estuvo contratado primeramente por una empresa, y posteriormente pasó a formar parte de otra a la que se le adjudicó el servicio. La nueva empresa se subrogó en las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo de los empleados de la anterior adjudicataria.

En el momento de la subrogación, el trabajador tenía pendiente con la primera empresa el abono de determinadas cantidades en concepto de salarios, que el trabajador reclamó a ambas empresas. Al negarse a su abono, el trabajador presenta una demanda de reclamación de cantidad ante el Juzgado de lo Social que condenó solidariamente a ambas empresa al pago de las deudas.

La nueva adjudicataria interpuso recurso de suplicación ante el TSJ. Alegaba que el convenio colectivo de empresas de seguridad, que es el que obliga a la sucesión, establece que la nueva empresa únicamente debe asumir las obligaciones producidas a partir de la fecha de la adjudicación, pero la exime de las anteriores.

Ante esta situación, el TSJ planteó una cuestión de prejudicial ante el TJUE en la que le cuestionaba si una sucesión impuesta por un convenio colectivo, en la que únicamente produce una sucesión de plantillas, entra dentro del concepto de sucesión de empresa del derecho comunitario y, en caso afirmativo, si resultaba posible limitar la responsabilidad de la empresa adjudicataria mediante convenio colectivo. El TJUE resolvió afirmativamente a la primera de las cuestiones, dejando la decisión de la segunda al TSJ Galicia.

Por ello, una vez que el TJUE ha declarado que se trata de un supuesto de sucesión de empresa, la cuestión a debatir consiste en determinar si el Convenio Colectivo puede limitar la responsabilidad, o por el contrario, o por el contrario, al tratarse de una sucesión de empresa y por aplicación del art. 44 ET, el nuevo y el anterior empresario deben responder solidariamente de las deudas previas a la sucesión durante un plazo de 3 años.

Condenado el Ayuntamiento de El Tanque a abonar el complemento de antigüedad

El Juzgado de lo Social núm. 2 ha dictado Sentencia de fecha 11 de octubre de 2018, en asunto tramitado por este Despacho de Abogados, por la cual se estima la demanda de la parte actora frente al Ayuntamiento de El Tanque y, en consecuencia, se condena a la citada corporación local a abonar la cantidad de 10.973,76 euros, en concepto de complemento de antigüedad por el período de abril de 2016 a junio de 2018, ambos inclusive, así como a reconocer el derecho a seguir percibiendo la cantidad de 391,92 euros mensuales, en concepto de complemento de antigüedad, sin perjuicio del perfeccionamiento de los demás trienios que le correspondieren, haciendo estar y pasar a la demandada, por todo ello.

La juez de instancia razona en Sentencia que “No resultando controvertida la existencia de la relación laboral y su régimen normativo aplicable en cuanto al Convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el artículo 8 de dicha norma convencional dispone que (…) se establecen como aumento por años de servicio, trienios del 10 por ciento de los salarios de Convenio que rijan en cada momento devengados desde la fecha inicial de la prestación de servicios en la Empresa (…). Tal como se desprende de la relación de nóminas, la trabajadora tiene una antigüedad reconocida de 20 de octubre de 2003, por lo que le correspondería el complemento de antigüedad y el derecho a percibir los importes de los trienios de acuerdo con los postulados del indicado precepto, esto es, un 10% del importe del salario base mensual incrementado por el número de trienios que le correspondería conforme a la fecha de antigüedad; en nuestro caso, por tres.

Indemnización por daños y perjuicios derivados de muerte por enfermedad profesional.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Social) dicta Sentencia de fecha 18 de julio de 2018 por la cual establece el derecho de los herederos de la viuda (hijo y nieta) de un trabajador fallecido por enfermedad profesional (uralita) a reclamar de la empresa una indemnización de daños y perjuicios, al fallecer aquella antes de la declaración por sentencia del origen profesional de la contingencia.

Ese derecho se transmite a sus herederos cuando fallece antes de pedir o de obtener la reparación de los mismos, ya que se trata de un derecho ya nacido que forma parte de su patrimonio, aunque se trate de daños morales, pues conforme a los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil y a la jurisprudencia de esta Sala, quien causa un daño debe repararlo en su integridad, hasta conseguir la completa indemnidad, lo que supone la obligación de reparar todos los daños patrimoniales causados, así como también los daños morales. Consecuentemente, los daños sufridos por la viuda del trabajador fallecido por enfermedad profesional, aparte de no ser solo morales porque también sufre un perjuicio económico, forman parte del caudal relicto de la misma a su muerte. No puede entenderse, por tanto, que el derecho a ser indemnizado sea personalísimo e intransmisible, porque no es consustancial a la persona humana, ni innato a ella, como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, al honor etc., ni se trata de un derecho reconocido a ella intuitu personae, esto es, en función de la persona que tiene el derecho cuya subsistencia depende de la identidad y demás factores personales de quien ostenta el derecho.

Por contra, aquí se trata del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por culpa de otro, quien viene obligado a repararlos en función de su cuantía con independencia de quien sea la persona perjudicada, cuyo patrimonio se ha visto afectado por ese daño reparable que influye también en la cuantía del caudal hereditario que deje a su muerte, caudal del que forman parte los derechos nacidos y no ejercitados por ella al morir.

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