Archivo del Autor: Carlos Berastegui

El TJUE interpreta el derecho a las vacaciones anuales retribuidas

Extinción de la relación laboral sin haber solicitado el disfrute de las vacaciones

En concreto, se cuestiona ante el TJUE si el Derecho de la UE se opone a una normativa nacional que establece la pérdida de las vacaciones anuales no disfrutadas y de la compensación económica por dichas vacaciones si el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones antes de la extinción de la relación laboral.

El TJUE declara en sentencia de 6 de noviembre de 2118 (C 619/16 y C-684/16) al respecto que el Derecho de la Unión se opone a que un trabajador pierda automáticamente los días de vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho y, consiguientemente su derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, por el mero hecho de no haberlas solicitado antes de la extinción de la relación laboral (o durante el período de referencia). Sin embargo, no se opone a la pérdida de este derecho si el empresario demuestra que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de tomar sus vacaciones anuales retribuidas tras haber podido ejercer efectivamente su derecho.

El TJUE recuerda que cualquier interpretación de las normas de la Unión que pueda incitar al trabajador a abstenerse deliberadamente de disfrutar sus vacaciones anuales retribuidas con el fin de aumentar su remuneración al extinguirse su relación laboral es incompatible con los objetivos que persigue el establecimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas: la necesidad de garantizar al trabajador el derecho a un descanso efectivo, en aras de la protección eficaz de su salud y seguridad.

Fallecimiento del trabajador sin haber disfrutado de las vacaciones

Se solicita al TJUE que, en el contexto de trabajadores que fallecieron sin poder disfrutar de sus vacaciones ni de su compensación económica, interprete el Derecho de la Unión según el cual todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de al menos cuatro semanas que solo puede sustituirse por una compensación económica en caso de terminación de la relación laboral.

Al respecto, señala el TJUE en sentencias de 6 de noviembre de 2018 (C-569/16 y C-570/16) que el derecho fundamental a las vacaciones anuales retribuidas consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solo está configurado por el derecho a su efectivo disfrute (vertiente temporal). Junto a este se encuentra la vertiente económica configurada por el derecho a percibir una retribución así como el derecho a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al finalizar la relación laboral. Esta vertiente económica tiene un carácter estrictamente patrimonial y, por tanto, está destinada a ingresar en el patrimonio del interesado. Por ello, el fallecimiento del trabajador no puede privar con efectos retroactivos a dicho patrimonio ni, en consecuencia, a las personas a las que debe transmitirse mortis causa el disfrute efectivo de la vertiente económica del derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Fuente: https://elderecho.com/tjue-interpreta-derecho-las-vacaciones-anuales-retribuidas

 

Incapacidad Permanente de vendedor de Grandes Almacenes, por accidente laboral.

El Juzgado de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 11 de octubre de 2018 y asunto tramitado por este Despacho de Abogados, estima la demanda interpuesta y declara la existencia de una incapacidad permanente total para la profesión habitual derivada de accidente laboral.

Interesa el actor que se dictara sentencia por la que se declarara que la incapacidad
permanente total que le había sido reconocida era derivada
de contingencias profesionales, concretamente de un accidente de laboral in itinere sufrido cuatro años atrás. Por su parte, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como la Mutua de Accidentes formularon su oposición, planteando que dado el tiempo transcurrido, que la patología de la que derivaba la incapacidad permanente reconocida, era de naturaleza común y no profesional.

Finalmente la Magistrada de Instancia considera que teniendo en cuenta la existencia de una coincidencia entre el cuadro de patología que en su día originaron el proceso de I.T. con los que determinaron la declaración de incapacidad temporal, es clara la existencia de nexo causal entre ambos procesos y en particular señala que “efectivamente, en fecha de 17 de enero de
2014, el cuadro clínico residual fue fractura no desplazada de cuboides izquierdo, artrodesis de
articulación calcáneo- cuboidea izquierda con injerto de cresta ilíaca, el 10 de julio de 2014. El
posterior proceso de baja, se inició por dolor articular en tobillo izquierdo. Sobre el particular,
añaden los demandados que no habría habido mecanismo lesional alguno que hiciera presumir el nexo de laboralidad, oposición, que no se comparte. Realmente, la circunstancia de que ambos procesos tengan como enfermedad la misma o similar patología, comporta un indicio claro de que estamos a la presencia de la misma contingencia, accidente laboral, criterio que confirman los propios hallazgos médicos, tras la realización de pruebas de imagen, del
paciente y que comporta que, los propios médicos, anuden el padecimiento de la baja
posterior, a la enfermedad que inició el proceso de incapacidad previo, en atención a que la
fractura que causó el accidente calificado de laboral, no consolidó, generando dolencias que
han determinado el proceso posterior”

Por lo que en atención dicha argumentación declara que la incapacidad permanente total que le fue reconocida al actor, deriva de accidente de trabajo.

Música de violines para este domingo: el tema de la serie de Sherlock Holmes de la BBC

Todo sherlokiano sabe que Sherlock Holmes toca el violín, por lo que para la filmación de Sherlock BBC, Benedict Cumberbatch requirió aprender a tocarlo y actuar como si fuera un experto.

La tarea de enseñarle las bases, los movimientos y el lenguaje del violín, la producción recurrió a Eos Chater -segundo violín del cuarteto de cuerdas Bond– para ser el coach del actor en A Scandal in Belgravia.

Anulado parcialmente el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de fecha 27 de junio de 2018 ha anulado parcialmente el Convenio colectivo de empresas de seguridad, concretamente en lo que se refiere al inciso final de su artículo 44 ( relativo al descanso anual compensatorio) y al artículo 63 (licencias de representantes de los trabajadores).

Concretamente la Sala Cuarta de Tribunal Supremo establece que teniendo en cuenta que un mismo trabajador puede realizar horas extraordinarias cuya retribución va a variar según la prestación de servicios se efectúe en un momento u otro de la jornada semanal (las que lleve a cabo durante su habitual descanso semanal llevan un incremento del 75 % –art. 47 RD 2001/1983–), no resulta admisible que el propio convenio altere ese marco mínimo, constituido por el incremento del 75 %, mediante el mecanismo de remisión a la regulación del salario de las horas extraordinarias, cuando esta última no implica la fijación de unos importes que incorporen o superen dicho mínimo. Por tanto, declara nulo el inciso final del artículo 44 del convenio, ya que indica que el servicio realizado en lugar del descanso semanal debe ser retribuido en la forma en que lo son las horas extraordinarias (art. 42 del convenio) y este artículo no incluye el citado incremento retributivo.

En lo que respecta a la reserva de horas de los representantes (art. 63), el convenio no puede exigir que se consuma una jornada completa para realizar actividades que puedan desarrollarse en horas sueltas y dado que la redacción de la cláusula contraviene, limitándolo, el derecho de los representantes de los trabajadores al crédito horario legalmente establecido, se anula en lo que afecte a dicho derecho, siendo válida, no obstante, pero sólo para los supuestos de acumulación del citado crédito.

Acceso al contenido íntegro de la sentencia.

La subida del salario mínimo interprofesional para el año 2019.-

En los últimos días se ha anunciado desde el Gobierno la subida del SMI desde los 735.9 euros mensuales actuales hasta los 900 euros. Estos 900 € al mes son en 14 pagas, por lo que si hablamos de que las pagas extras están prorrateadas, el salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.050 € mensuales con las pagas extras prorrateadas, lo que se traduce en 12.600 € anuales.

¿Está medida afecta a todos los trabajadores?

No, no todos los trabajadores van a ver aumentado su salario por la subida del SMI. Sin embargo, sí que podrán ser beneficiados de manera indirecta ya que el SMI tiene efectos sobre determinadas contingencias. Por ejemplo, los límites de salario e indemnizaciones que abona el FOGASA se va a incrementar, así como la protección del salario en caso de concurso de acreedores,  o  la cantidad de salario que va a estar protegida y no puede ser embargada. En el caso del FOGASA, se tiene en cuenta la fecha del decreto de insolvencia que permite acudir al FOGASA.

¿A que trabajadores les va a subir el salario?

El primer colectivo de trabajadores más beneficiado será aquellos que no tienen un convenio colectivo que regule su relación laboral y por tanto, el salario mínimo que perciben es el SMI salvo que haya pactado con el empresario una subida de salario. Puede ser el caso de los ordenanzas en accesos.

Por otro lado, que un trabajador esté amparado por un convenio colectivo no quiere decir que no le afecte esta medida. En primer lugar, el convenio nunca puede recoger un salario inferior al nuevo salario mínimo interprofesional, por lo que todos aquellos trabajadores que perciban un salario inferior deberán de ver incrementado su nómina sin necesidad de que se publiquen unas nuevas tablas salariales en el convenio colectivo.

 

Fuente: cuestioneslaborales.com

El Tribunal Constitucional no ve “discriminatorio” que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad.-

El Tribunal Constitucional en su última sentencia considera que “no es discriminatoria para el hombre ” la normativa que establece permisos de maternidad más largos que los de paternidad en España porque obedecen a la necesidad de proteger la salud de las mujeres tras el embarazo y el parto. El alto tribunal rechaza el recurso de amparo solicitado por un hombre que fue padre en septiembre de 2015 e inició un recorrido judicial para reclamar permisos idénticos. La sentencia ha sido respaldada por 10 votos favorables y un voto particular contrario, de la magistrada María Luisa Balaguer, que reprocha que la sala no haya considerado la posible discriminación contra la mujer, ya que los permisos “desincentivan la contratación de las mujeres en edad fértil”. “La sentencia ignora que existe un efecto claro de discriminación indirecta de las mujeres”, apunta.

Según el fallo, la finalidad “primordial” del legislador con los permisos de maternidad es “la protección de la salud de la mujer trabajadora durante el embarazo, parto y puerperio”. El permiso de maternidad actual prevé que al menos las seis semanas siguientes al alumbramiento sean asumidas obligatoriamente por la madre y el resto hasta un total de 16 semanas pueda ser transferido al progenitor, algo que en la práctica ocurre en un porcentaje ínfimo de ocasiones, menos del 2% de los casos. Frente a esto, el permiso de paternidad —que en la actualidad es de cinco semanas y en el momento de la demanda era de 13 días— tiene como objetivo, según el Constitucional, “favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos”.

El fallo se basa en el reconocimiento de las diferencias biológicas por el embarazo y el parto, aunque los permisos de maternidad de 16 semanas incluyen también los casos de adopción, como recuerda la magistrada del voto particular, que reprocha a sus colegas permanecer ajenos “a una realidad mucho más compleja”. El asunto que resuelve la sentencia, a su juicio, “proporcionaba una ocasión excepcional para analizar el impacto negativo que tienen parte de esas medidas garantistas del fenómeno de la maternidad, en el tratamiento igualitario de las mujeres en el marco del mercado laboral”. El Tribunal, prosigue la magistrada, “ha perdido la ocasión de explicar por qué las medidas de protección de la parentalidad” pueden suponer una garantía “relativa” para las mujeres que están trabajando pero “sin duda se erigen como una clara barrera de entrada frente a quienes están fuera y un obstáculo a la promoción de quienes están dentro, porque generan un efecto de desincentivo en quien contrata que solo afecta a las mujeres, y que, por tanto, incide en la perpetuación de la discriminación laboral”.

Defiende que estos permisos deberían articularse para permitir que se reparta entre el padre y la madre “el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas, de modo tal que dicha decisión impacte por igual, en el sentido que sea (positivo o negativo) tanto en el hombre como en la mujer”.

El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad están exentas de tributar al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

El Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha de octubre de 2018 en el recurso 4483/2017 ha establecido como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

Así lo refleja  la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que desestima un recurso de la Agencia Tributaria, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF. El Supremo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio.

El Tribunal Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán exentas  las  demás  prestaciones   públicas   por   nacimiento,  parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, para lo que analiza la Exposición de Motivos de la citada ley y realiza una interpretación gramatical y sistemática del referido art. 7 de la Ley del IRPF.

Acceso íntegro al contenido de la sentencia.

Cómputo de antigüedad en el premio de vinculación de hostelería.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 24 de septiembre de 2018 y asunto tramitado por Iuslaboralistas Abogados, estima la demanda de una trabajadora de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y declara su derecho a percibir el premio de vinculación establecido en el art. 36 del convenio de aplicación.

La empresa se oponía a tal abono considerando que había existido una interrupción de la prestación de servicios superior a los 20 días hábiles entre los diferentes contratos de trabajo suscritos entre las partes, lo que impedía acceder a tal premio de vinculación al no reunir la trabajadora los 16 años de antigüedad necesarios para ello.

Sin embargo, el Magistrado de Instancia aplica la teoría de la unidad esencial del vínculo laboral desarrollada por el Tribunal Supremo y que requiere que, en cada supuesto concreto, se analice toda la cadena de contratación temporal para, a la vista de la misma, y de la duración de los periodos anteriores o posteriores a cada interrupción, poder valorar si dicha interrupción, con independencia de que supere los 20 días, tiene o no entidad suficiente como para entender quebrada la cadena de contratación.

En el caso de que la interrupción, puesta en comparación con la duración del periodo de encadenamiento anterior y posterior a la interrupción, no tenga relevancia suficiente como para poder entender que era deseo de las partes romper la unidad del vínculo contractual, deberá entenderse que no se ha roto la continuidad de la relación laboral, a efectos del cómputo de la antigüedad.

Por lo que procede a estimar la demanda y reconocer el premio de vinculación a la trabajadora, pese a las alegaciones realizadas por la empresa.

Feliz domingo: October

Mañana llega Octubre. Nada mejor que recibirlo que con U2. Feliz domingo

La Seguridad Social aumentará un sus controles sobre las bajas médicas de los trabajadores.-

La Seguridad Social saca la lupa para vigilar más las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores en los próximos tres meses. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) incrementará un 25% sus controles médicos en este periodo para verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el pago de prestaciones están “médicamente justificadas”, según ha explicado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado.

La incapacidad temporal es una prestación que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En la actualidad, hay 18.145.243 trabajadores protegidos por contingencias comunes, de los que “13.957.927 están cubiertos por las mutuas, 4.151.090 por el INSS y 36.226 por el Instituto Social de la Marina”.

La Administración realizará 64.000 controles médicos en el último trimestre de 2018 que se suman a los que ya se efectúan en esta materia. Las actuaciones se enmarcan en un nuevo “Plan de Intensificación de Actuaciones de control médico de las situaciones de incapacidad temporal”, dotado con 312.142 euros. El Gobierno prevé ahorrar con este refuerzo de la vigilancia “más de 33 millones de euros en prestaciones”.

Para ejecutar este aumento de controles, el Ministerio ha explicado que los 267 inspectores médicos que participan voluntariamente en el plan ampliarán cuatros horas su jornada. La vigilancia se centrará en las bajas de menos de 345 días de duración.

Respuesta al aumento de bajas

El Ministerio ha explicado que este plan de intensificación responde a “la necesidad de reforzar las actuaciones” ante el incremento que desde 2012 han experimentado tanto el número de nuevos procesos de incapacidad temporal por cada mil afiliados a la Seguridad Social, como de procesos abiertos por cada mil trabajadores y su mayor duración media. Según la Seguridad Social, este repunte ha llevado a que “el gasto en incapacidad temporal haya aumentado más de un 10% anual desde 2013”, hasta situarse en los 7.586 millones de euros en 2017. Para 2018, hay presupuestados para este fin 7.979,7 millones de euros.